Análisis del Plan de 100 días de Seguridad Ciudadana en el Perú

Alcanzamos un análisis de todas y cada una de las 29 propuestas presentadas por el actual gobierno del Perú, para los primeros cien días de su mandato; significando que en el texto que explicamos nuestra apreciación, nos circunscribimos al análisis estricto de las propuestas, puesto que las alternativas de acción que consideramos son diferentes se encuentran consignadas en el proyecto de un plan piloto formulado con el apoyo de la fundación alemana Konrad Adenauer que auspicia en el Perú al instituto de investigación y capacitación municipal (INICAM). Por lo tanto, nuestro propósito al presentar este análisis, es el de hacerlo desde el escenario de los aportes, y no del anfiteatro de las críticas.

A continuación se comentan una por una, las denominadas propuestas estratégicas.

  • Se aplicará masivamente el programa de recompensas para la captura de criminales en todo el Perú. SE TRABAJARÁ ESPECIALMENTE en la difusión a nivel nacional de este programa y en la confidencialidad sobre la identidad de los que colaboren.

Constituye un buen propósito enfrentar con efectividad la criminalidad; pero hay que analizar el protocolo del cómo se va a realizar, porque en la medida en que los actos previos o procedimientos expongan al informante, esta medida nace muerta; porque nadie va a querer exponer su vida personal y familiar con peligro de muerte, por más prometedora que sea la recompensa; de otro lado, el tema de la recompensa no debe ser la única fórmula propuesta para la obtención de información; porque sería dejar desairado al Estado al revelar que dicha medida sería la principal forma de obtener información y no otras a las que el Estado se encuentra obligado a utilizar como parte de una serie de acciones y protocolos que debe usar.

  • Se ejecutarán al menos 30 mega operativos en diversas ciudades del país, para detectar y capturar a criminales dedicados principalmente al robo, hurto, comercialización de droga y crimen organizado.

Los mega operativos, lo que sí aseguran es un efecto mediático y no siempre tienen significativos efectos, sobre todo cuando éstos se ejecutan sin el soporte de un plan estratégico, basada en acciones de inteligencia operativa puntuales, que garanticen la reducción de los costos sociales; y no sirva tan sólo para una “justificación” de los presupuestos de inteligencia muchas veces encubiertos de secretismo para evitar que mecanismos de control con transparencia sobre los recursos se efectúen con meridiana supervisión.

  • Se implementará el patrullaje integrado policía/serenazgo en siete ciudades del Perú. Al menos en 800 vehículos del serenazgo se implementarán protocolos de intervención y cronogramas de trabajo definidos.

Es un absurdo pensar en que reeditar fórmulas de patrullaje cuyo nivel de productividad es generalmente bajo, comparados con el de la incidencia delictiva – que aun siendo integrados entre policías y serenos; y no obstante la utilización mediática de ingentes flotas vehiculares- usualmente no se logran los resultados esperados; es vital, recordar que para lograr resultados reales, se requiere no una fuerza ciega con numerosos vehículos o masiva participación de efectivos del orden, sino se requiere una estrategia que establezca los lineamientos elementales a seguir en función a información valedera y certera, una acción táctica que la complemente y que responda a técnicas, métodos y procedimientos inteligentes; y sumados a las acciones operativas puntuales que no siempre se reflejan en los patrullajes realizados en la vía pública, sino más bien en certeras incursiones en los lugares en que se guarecen los infractores de la ley.

  • Se fortalecerán las comisarías, redistribuyendo patrulleros de los escuadrones de Emergencia e incrementando sus recursos, para que estas mejoren su capacidad de respuesta, en particular en las jurisdicciones con mayor incidencia delictiva.

El fortalecimiento no debe ser tan sólo de las comisarías, sino de todas aquellas unidades policiales que tienen como rol funcional esencial, la labor de prevención. Está bien que sea con mayores recursos, pero sería mejor que respondan a un enfoque estratégico-táctico-operativo debidamente articulado y sincronizado, con posicionamiento obligatorio en los puntos críticos de la localidad y sobretodo en los puntos de salida, fuga o escape, en fechas, días y horas que el mapeo geo referencial delictivo señala.

  • Se incrementará en un 10% el número efectivos policiales dedicados a labores operativas en las comisarías, ampliando la cobertura de protección de la ciudadanía.

La pregunta es: El por qué de un 10% y no un menor o mayor porcentaje, tomando en cuenta, que existen dependencias policiales donde el número de efectivos está por debajo del estándar recomendado, y que por lo tanto, el aumentar el 10% de efectivos no es realmente significativo, y que se agrava en situaciones en que adicionalmente no hay como soporte una estrategia preconcebida para actuar -que es más importante que el número- y más bien mucha improvisación; sino recordemos a cuánto ascendía el número de policías que pusieron en la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) contra la reja a las huestes terroristas, pues no llegaban a 100 efectivos; es decir, menos del 0.01% del total de efectivos de toda la PNP.

  • Se pondrá especial énfasis en mejorar la calidad, oportunidad y eficacia de los policías a cargo de atender casos de violencia de género y doméstica.

Lo que tiene que implementarse es un mecanismo para la medición comparativa del nivel de productividad de un efectivo o dependencia policial que a la fecha no existe; porque no se utilizan indicadores reales de medición; recayendo finalmente en frías cifras estadísticas que no reflejan la realidad, y este procedimiento no debe tan sólo atender casos de violencia de género y doméstico, que está bien, sino también toda actividad funcional de carácter policial; sino es así, el énfasis de mejorar la calidad, oportunidad y eficacia es tan solamente un enunciado de buenos propósitos. Técnica de medición de productividad que debe por extensión también aplicarse a toda la administración pública y no tan solo a la policía, porque la inseguridad ciudadana no es excluyente ni exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP). Hacer entones “policializar” el problema que tiene aristas diversas (Multisectorial, intergubernamental, holística, transversal, intra gubernamental, integral, social e inclusiva) sin cuyo enfoque no podrá ser nunca la acción y reacción Apropiada; Efectiva, Inmediata, Oportuna y Útil (Utilizando acrósticamente las vocales del alfabeto).

  • Se evaluará el trabajo de los comisarios de Lima y el Callao y, posteriormente, a los demás a nivel nacional, estableciendo criterios de evaluación objetivos y planes de capacitación.

Es bueno evaluar al personal, pero no tan sólo al comisario y menos tan solamente de Lima y Callao, pues el problema es nacional por ende debe ser simultánea, y los criterios de evaluación para que sean objetivos, debe tomarse en cuenta que no debe tener desmesurada injerencia política, la evaluación debe tomar en cuenta principalmente la apreciación de los miembros de la comunidad, como sucede en otros países, donde existe una suerte de cabildo comunitario donde la autoridad policial periódicamente expone a la comunidad su problemática funcional de la mano del nivel de productividad en los resultados y juntos superan sus limitaciones o dificultades.

  • Se lanzará el Premio Nacional a las Mejores Comisarías 2016, creando un incentivo para aquellos policías que hagan su trabajo de manera extraordinaria.

Es buena la premiación, porque todos los seres humanos respondemos positivamente ante la motivación, pero por qué a nivel tan solo nacional, si existen dependencias regionales, provinciales y distritales en toda la república que responden a otras realidades y donde también pueden presentarse excepcionales intervenciones policiales a cuyos protagonistas no se les puede sesgar. La centralización administrativa no siempre da buenos resultados, siendo éste un ejemplo de ello.

  • Se apoyará cercanamente a los presidentes regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales más representativos, en la elaboración y ejecución, en coordinación con la PNP y otras autoridades, de planes de seguridad ciudadana efectivos, coherentes, publicitados y realistas según sus jurisdicciones.

Es un buen propósito gubernamental; para que no subsistan los hechos que en la fecha se producen, en el que, los planes de seguridad regionales y locales, se convierten en descripciones frías que no conjugan con la realidad de una jurisdicción y se convierten en un acopio (entiéndase no solo como recopilación sino copia) de información estadística con ligeras modificaciones a veces tergiversada y que no coadyuvan a su efectiva aplicación; menos son coherentes y realistas, he allí una de las causas de su inaplicabilidad que convierten la productividad en una quimera.

  • Se implementará en cuatro circunscripciones territoriales con problemas graves de seguridad, el programa Barrio Seguro. Esto implicará una mayor presencia policial, operativos constantes, trabajo de inteligencia, entre otros. También se incluirán programas sociales, educativos y de cultura, con la participación de las autoridades locales que correspondan, así como los sectores Educación, Cultura e Inclusión Social.

El Barrio Seguro que es una noble aspiración, se podrá lograr cuando haya una real articulación de los actores con enfoques Jurídico-legal-normativo; Político-técnico-profesional; Social-Cultural-Ambiental-Educacional; y Económico-financiero-presupuestario; y no se puede pretender que se logre tan sólo con presencia policial, operativos constantes, por más eficiente que sea la labor de inteligencia, pues se necesita atacar el escenario de las consecuencias pero también de las causas de los problemas sociales; y todo ello, debidamente articulado, para que se puedan lograr y medir objetivamente los resultados tanto en el ámbito delictivo como no delictivo, porque en ambos existen riesgos, peligros, amenazas y con secuelas de muertes y daños irreparables a la vida y dignidad de las personas que afectan la Seguridad Ciudadana.

  • Se utilizará el sistema de GPS que ya existe en algunos patrulleros en Lima y Callao, para hacer un seguimiento de su recorrido diario, y de esa forma mejorar su efectividad, fiscalizando constantemente su trabajo. En base a esta primera experiencia, replicaremos su implementación a nivel nacional.

Es bueno digitalizar tecnológicamente el tránsito de los patrulleros no solamente en Lima y Callao sino en todo el Perú; pero no solo se debe utilizar procedimientos que la tecnología moderna ofrece en vehículos, sino en todo el espectro de la labor de las autoridades que actúan como operadores de justicia para asegurar el buen nivel de productividad.

  • Se mejorará y difundirá la plataforma denuncia virtual, reforzándola con un piloto de alerta temprana que haga más eficiente la respuesta policial en alianza con el ciudadano.

Los mecanismos que se vienen utilizando como plataforma virtual tienen serias deficiencias, motivo por el cual, su nivel de implantación, implementación, utilización es precario, pues no existe un mecanismo que brinde confianza al usuario de que la reserva de su identidad esté bien protegida, dado que en dichos mecanismos no respeta la confidencialidad, anonimato, seguridad, etc., y por el contrario desnaturaliza la propuesta del uso virtual al exigir el ingreso de datos del informante, que les abre un umbral de vulnerabilidad y generacion de represalias o amenazas por parte de los infractores de la ley; situación que debe superarse, pues lo que importa es el valor de la información no la identidad de quien la proporciona.

  • Se implementará el plan Viajero Seguro, para garantizar la seguridad de los usuarios nacionales y/o extranjeros de los cuatro aeropuertos más importantes del país, tanto en sus rutas de acceso, sus áreas de uso público e inmediaciones.

Las medidas que se vienen utilizando en la fecha con este fin, han resultado realmente insignificantes y estériles a la luz del incremento de acciones delictivas contra los viajeros nacionales y extranjeros, ni siquiera en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao-Lima-Perú, donde existe un clamoroso descontrol de ingresos y salidas, tanto de personas como de vehículos, que es explotado por los agentes del mal que burlan los mecanismos de “control” existentes que constituyen procedimientos manuales de registro ligero de documentos de fácil transgresión, sin utilizar los que la tecnología moderna -(Códigos del DNI y en la calcomanía existente en las parabrisas de los vehículos de revisión técnica)- ofrece y que resulta una gran vulnerabilidad, no solo en Lima sino en los diferentes terminales aéreos, terrestres, fluviales y lacustre de los cuales se nutre la delincuencia

Crimen organizado
  • Se incorporarán 500 detectives para investigación criminal, capacitados con técnicas modernas y sometidos a rigurosos controles contra la corrupción.

Que hay que elevar el nivel de productividad en el ámbito de la investigación, esto es una realidad inobjetable que abarca también el ámbito de la prevención; y que se incremente el número de detectives es bueno, pero no podemos perder la percepción que este problema de la inseguridad ciudadana, no pasa tan sólo por el hecho de mandar más gente a la cárcel por acción investigatoria policial que obviamente debe ser complementada con un accionar fiscal y judicial -que requiere también serios replanteamientos- sobre todo a centros carcelarios donde la tugurización entre otras causas, no rehabilitan, readaptan ni resocializan a los internos.

En tal sentido, esta medida tiene y debe estar acompañada de otras acciones que involucren a muchos actores entre gobernantes y gobernados. De otro lado, sí se requería dado los esfuerzos supremos a veces infructuosos que realizan unidades policiales como la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI), cuyo accionar efectivo no podemos afirmar sea realmente descentralizado a nivel nacional- amén de otros factores que limita su accionar en términos de eficacia y eficiencia; que nos debe hacer pensar en la adopción de otras fórmulas ya empleadas en otros países desarrollados donde existen entidades tipo FBI, Scotland Yard u otros en la región suramericana que tienen notorios éxitos contra el Crimen Organizado ahora globalizados.

  • Se redefinirá los objetivos de los órganos de inteligencia del sector Interior, para que estén alineados en la lucha contra la criminalidad y el mantenimiento del orden interno.

Es correcto redefinir los objetivos; pero sería bueno, que los órganos de inteligencia deberían alinearse no solamente a aspectos estratégicos; sino a aspectos tácticos y operativos de inteligencia vinculados con la Seguridad Ciudadana lo que debe aludirse expresamente; ya que decir “Orden Interno”, es referirse a un aspecto macro que si es verdad vincula el quehacer al interior del Estado, pero se requiere especificidades que deberían ser propias y puntuales al referirse singularmente a la problemática de la Inseguridad Ciudadana, que es lo que agobia al país gravemente. Lo que sucede, es que normativamente se han efectuado en los años anteriores, modificaciones y hasta omisiones en cuanto a la doctrina sobre instituciones jurídicas de índole constitucional como el “Orden Público”, la misma que ha sido ignorada en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú que señala la finalidad fundamental de la PNP y borrada de un plumazo (y que sí era mencionado en la Constitución del año 1979), no obstante, ser la razón de ser funcional de las policías del Perú y del mundo; generándose una confusión doctrinaria con la institución jurídica denominada “Seguridad Ciudadana” de reciente data y que ha aparecido en la última Constitución del Perú del año 1993, generando un desentendimiento aún no superado.

  • Se conformarán equipos especiales de inteligencia para casos de alta complejidad, rigurosamente seleccionados, dotado de tecnología como equipos de escuchas legales, en coordinación estrecha con fiscales y jueces.

La labor de inteligencia debe traducirse en resultados; y buscar la eficiencia en los logros, no debe tener nada de especial, pues es una obligación funcional esforzarse por el logro de resultados tangibles y ello no hace “especial” a sus actores; en tal sentido, deberíamos, prescindir de esta calificación de “especiales”; porque grueso daño hace esta calificación últimamente muy utilizada, y que genera al interior de las instituciones o dependencias policiales donde se aplica este término, generando divisionismo, antagonismos y diferenciaciones donde no deben existir porque afecta la unidad, la integridad, la mística y moral de los efectivos policiales, que pueden no integrar estos grupos al ser no considerados o hasta desplazados, no obstante que muchas veces tienen potenciales aptitudes que se les ignora al no considerarlos en dichos grupos estigmatizados con dicha denominación de “especiales”

  • Se implementarán nuevos y más efectivos sistemas de interdicción en las cuencas cocaleras, en las rutas de salida y embarque de drogas ilegales, mediante la capacitación y asignación de un mayor número de agentes, implementación tecnológica y soporte legal.

Lo enunciado es justamente lo que se viene haciendo en la fecha, sin lograr afectar significativamente la producción, comercialización y transporte hacia mercados extranjeros de una cantidad estimada que estaría bordeando o superando varios centenares de toneladas de clorhidrato de cocaína, por lo tanto, se impone una revisión de los actuados por las fuerzas del orden en dicha zona; repensando y replanteando otras fórmulas a utilizar que garanticen resultados hasta ahora no logrados; que podrían lograrse con el aislamiento progresivo y permanente de dicha zona y una migración voluntaria y temporal de la población hacia otras regiones del país con características geográficas y ambientales similares creando fronteras vivas que tanta falta hacen en nuestro país.

  • Se repotenciará la estrategia antiterrorista en el VRAEM, fundamentada en la inteligencia humana y electrónica, con recursos adicionales y acompañamiento judicial.

Idem al anterior comentario

  • Se trabajará con los sindicatos de construcción civil, el ministerio de Trabajo y los empresarios dedicados a la construcción, para identificar y neutralizar a las organizaciones criminales que usan la sindicalización como fachada para extorsionar.

Esta labor se debe implementar sin publicitarla, porque es adelantar formas de acción frente a un adversario oculto o disfrazado de gran peligrosidad. Adelantar publicitadamente estas medidas, es poner en riesgo el éxito de las operaciones; el trabajo de inteligencia no es tan sólo un procedimiento operativo, sino principalmente un proceso mental, cuyas actitudes y aptitudes de los actores (Autoridades públicas en general) deben garantizar el éxito.

  • Se ejecutará un control real y efectivo de las armas y municiones de propiedad de los miembros de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los usuarios civiles de armas, para neutralizar su uso en actos criminales. El uso de armas obtenidas legalmente en crímenes debe detectarse y reducirse.

Se está reconociendo tácitamente con este anuncio, que el actual control del Estado sobre las armas (también municiones) no es real ni efectivo y eso es bueno que se admita porque es real; aunque es menester reparar, que en muchos lugares del país, por la forma como se ha venido administrando este tema, la posesión irregular de armas y municiones está mayoritariamente en la población civil más que en las fuerzas del orden juntas, como es el caso de Lambayeque, en donde el Observatorio de Seguridad Regional ha reportado la siguiente información: De un total de 14,639 personas con licencia para portar armas, el 60% son de personas naturales (Que no pertenecen a las FFAA y PNP quienes alcanzan sólo el 18%) y el 61% tienen sus licencias vencidas.

De otro lado, las estrategias aplicadas hasta la fecha no han sido capaces de recuperar armamentos en cantidad suficiente dentro de la comunidad, porque se insiste en procedimientos ineficaces. Sobre el particular se cuenta con una propuesta de iniciativa legislativa presentada por APIPSEC Finalmente, no se entiende claramente lo que se ha querido decir, en este anuncio en el CONASEC sobre las armas, cuando dice: “El uso de armas obtenidas legalmente en crímenes debe detectarse y reducirse”; ¿ NO ES ACASO, ELLO, LÓGICO, INEVITABLE Y PREPONDERANTE?

Lucha contra la corrupción
  • Se incrementará la capacidad de los órganos encargados de lucha contra la corrupción, con mayores atribuciones y recursos para una fiscalización permanente y efectiva. En especial se relanzará la oficina de Asuntos Internos, para investigar casos graves de corrupción en el sector, con capacidad para realizar acciones de contrainteligencia.

La corrupción es una situación grave, creciente y crónica, no reconocerlo es no tener una percepción clara del problema; más aún cuando este problema como mal social, es endémico y globalizado en el Perú y en el mundo; por lo tanto, no tan sólo un problema policial; plantearlo como ha sido enunciado, es adolecer de un sesgo de interpretación; la corrupción en nuestro país no es tan sólo policial; es más en este acto convergen dos actores, el corrupto (que en este caso, se quiere hacer ver como que solamente son los policías y no diversos estamentos de la administración pública) y el corruptor, que se encuentra en muchos estratos de la sociedad en general, dentro de la comunidad civil que tienen tanta o mayor responsabilidad penal y social que los primeros; porque a diferencia de éstos, los corruptores intervienen en dos actos, uno el acto de infracción de la ley y el otro el acto de corrupción propiamente dicho.

  • Se ejecutarán operativos encubiertos de prevención de la corrupción. Estos operativos se harán en cualquier parte del país y servirán para detectar actos de corrupción cometidos por personal policial y por los ciudadanos.

Igualmente, esto se debe hacer y no tan sólo publicitar; es una obligación realizarlo sin aspavientos y serán los resultados los que deben comunicarse o publicitarse; es contraproducente hacer esta advertencia, si realmente se quiere asestar importantes golpes a la corrupción sin reparar en nombres, apellidos, entidades, ámbitos geográficos, etc.

  • Se firmará un acuerdo con la Defensoría del Pueblo para que esta institución fiscalice todas las labores del Ministerio del Interior a nivel nacional, con informes mensuales de sus hallazgos y retroalimentación del ministerio del Interior y la PNP sobre las acciones tomadas en virtud a esos informes.

Hubiese sido importante, que este anuncio en una reunión del CONASEC con presencia del señor Presidente de la República y los representantes como cabeza de las diversas entidades públicas, se extienda también como necesidad social, hacia los diversos estamentos de la Administración Pública donde la institución denominada Defensoría del Pueblo, tiene la obligación funcional de también operar y no solamente en el Ministerio del Interior, este anuncio se convierte en mediático, y eso es de lo que justamente se debe prescindir.

Bienestar policial
  • En coordinación con el ministerio de Economía y Finanzas, se tramitará el adelanto del quinto tramo del aumento a los policías del Perú.
  • Se repotenciará la Defensoría del Ministerio del Interior, para velar adecuadamente por el bienestar del personal PNP y civil que presta servicios en todo el sector Interior.
  • Se declarará en emergencia la Sanidad Policial y el SaludPol, para establecer acciones rápidas para su mejora y, en paralelo, se implementará con apoyo de la Defensoría del Ministerio del Interior, módulos para denuncias de los usuarios in situ, y así conocer los problemas reales y solucionarlos.

Los enunciados anteriores, resultan de una notoriedad inocultablemente mediática, y que constituyen aspectos netamente institucionales y que se deben atenderse en el interior de la PNP, ¿es acaso que se pretende vincular indebidamente estas falencias como generadores de la problemática de la inseguridad ciudadana? ¿O es que pretende sesgadamente hacer creer que si se adelanta el quinto tramo del aumento del personal policial, o acciones de bienestar para los efectivos PNP que es una obligación del Estado Peruano o declarando en emergencia el servicio de Salud Policial que entonces la Seguridad Ciudadana mejorará? Esto es querer atribuir como causa principal de la inseguridad ciudadana dichos aspectos y ello no es cierto.

  • Se evaluarán las modalidades de servicio en la PNP, adaptando cada uno en lo necesario a las especialidades y naturaleza de cada servicio policial, resguardando el carácter exclusivo del uso del uniforme y las armas del Estado para la función policial, sin restringir al personal policial ninguna otra actividad lícita en su tiempo privado.

El decir que se “evaluará” las modalidades del servicio, es persistir en lo mismo, lo que sucede es que no se quiere “sincerar” este problema social con el otorgamiento de una remuneración equitativa y suficiente que señala la Constitución Política del Perú como un derecho de los trabajadores, de conformidad a la naturaleza, riesgo y trascendencia que tiene una labor como la policial en el Perú, que no se toma en cuenta por los gobernantes dado que se interpreta los pagos en la PNP y FFAA como un gasto y no como una inversión a favor de la Seguridad sin la cual, no hay desarrollo; sobre todo si dichos percibos económicos a título de remuneración y pensión de sus miembros están muy por debajo a sus similares de la región.

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Fuente: elcriminologo.com

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